¿El costo de investigar irregularidades?: La salida de Juan Vásquez y la crisis que enfrenta la APC de Los Ríos
Publicado el Friday, November 6, 2026
A poco más de cuatro meses de la controvertida destitución de Juan Francisco Vásquez, la Asociación Patrimonial Cultural de la Región de Los Ríos (APC) enfrentaría problemas administrativos y financieros, La salida del ex director ejecutivo, quien impulsó investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, dio paso a una administración interina y actualmente se abren una serie de interrogantes sobre las decisiones políticas y administrativas que han marcado el rumbo de una de las principales instituciones culturales de la región.
Una destitución en medio de investigaciones judiciales
El 22 de junio de 2026, el gobernador regional Luis Cuvertino comunicó la salida de Juan Francisco Vásquez Gómez de la dirección ejecutiva de la APC, institución responsable de administrar el Teatro Regional Cervantes.
La decisión fue justificada como parte de una reorganización institucional. Sin embargo, ocurrió mientras avanzaban las investigaciones impulsadas por el propio Vásquez para esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, originadas en períodos anteriores a su administración. Estas indagatorias, que derivaron en auditorías y acciones judiciales, buscaban establecer responsabilidades por hechos ocurridos antes de que asumiera la conducción de la corporación. Entre los antecedentes figura el Informe Final N.º 563/2024 de la Contraloría General de la República y una querella por presuntos delitos de administración desleal y fraude al Fisco, declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Valdivia en abril de 2026.
La remoción de Vásquez generó cuestionamientos desde el propio Directorio. A ello se sumó una declaración pública de más de 60 representantes del mundo artístico y cultural regional, quienes expresaron preocupación por la decisión y exigieron transparencia sobre sus fundamentos.
Según información de la gestión anterior, Vásquez dejó las tres cuentas corrientes de la corporación con saldos positivos, sin compromisos futuros de pago que afectaran esos recursos y con una estrategia financiera orientada a garantizar su funcionamiento. Durante su administración, la generación de ingresos propios fue fundamental para cubrir gastos no financiados por la subvención del Gobierno Regional ni por las asignaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Esta estrategia habría permitido, entre otras cosas, pagar oportunamente las remuneraciones de marzo y abril de 2026, pese a que los recursos regionales llegaron recién en mayo. Asimismo, la institución consiguió atraer aproximadamente 300 millones de pesos adicionales para iniciativas culturales, una cifra que, según la administración anterior, no tenía precedentes en la historia de la corporación.
Para fortalecer los ingresos propios, Vásquez también había gestionado un convenio con la Municipalidad de Valdivia que permitía utilizar gratuitamente el Coliseo Municipal, iniciando conversaciones para eventuales espectáculos de artistas como Jorge Drexler, Los Bunkers, Álex Ubago y Los Vásquez. La iniciativa buscaba generar recaudación para sostener gastos institucionales que no estaban cubiertos por el financiamiento público.
Auditorías, persecución política y fallos judiciales: las contradicciones detrás de la salida de Vásquez
La destitución de Juan Vásquez adquiere una dimensión aún más controvertida al considerar las presiones y los conflictos que habría enfrentado tras impulsar auditorías y acciones judiciales para esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Su decisión de investigar hechos que podrían comprometer responsabilidades al interior de la institución habría dado paso a un escenario de hostigamiento y presiones políticas para detener las indagatorias, antecedentes que plantean interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de su salida.
En paralelo, su administración enfrentó acusaciones laborales que contribuyeron a instalar públicamente cuestionamientos sobre su gestión. Sin embargo, estos antecedentes deben contrastarse con lo resuelto por la justicia ya que uno de los casos presentados presentados en la Dirección del Trabajo por presuntas prácticas antisindicales habría sido revertido en la Corte de Apelaciones de Valdivia falló a favor de la corporación, en una decisión unánime de tres votos contra cero, desestimando las acusaciones formuladas en ese procedimiento. Este resultado adquiere especial relevancia frente al relato de persecución sindical que había rodeado a la administración de Vásquez.
A ello se suma el antecedente que Vásquez fue desvinculado mientras enfrentaba una enfermedad de origen profesional, que, según su versión, se habría desarrollado como consecuencia de las presiones y el hostigamiento experimentados durante el proceso de investigación de las irregularidades. La existencia de una enfermedad profesional reconocida y su eventual relación con estas actuaciones constituyen antecedentes que requieren especial atención, tanto por sus implicancias laborales como por la responsabilidad de las autoridades en el resguardo de la salud de sus trabajadores.
La sucesión de estos acontecimientos instala una interrogante... ¿se trató de una reorganización institucional o de una decisión política destinada a apartar a quien había promovido investigaciones sobre el uso de recursos públicos?. La pregunta que permanece abierta es qué intereses pudieron verse afectados por las auditorías y por qué quien impulsó su esclarecimiento terminó pagando el costo político y personal de ese proceso.