Hoy, 1 de julio, la Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisibles dos nuevos recursos de protección presentados por funcionarios que acusan haber sido desvinculados de forma arbitraria por la Municipalidad de Paillaco, en el contexto de la compleja crisis financiera que afecta a la administración comunal.

Estas acciones judiciales se suman a otras ya ingresadas por exfuncionarios que fueron despedidos en febrero pasado. De confirmarse el reintegro de los más de 10 trabajadores afectados, el municipio deberá desembolsar más de 45 millones de pesos, cifra que incluye sueldos impagos, costas judiciales e indemnizaciones.

El escenario ha abierto múltiples interrogantes sobre la gestión laboral del alcalde Cristián Navarrete Quezada, especialmente porque las desvinculaciones se justificaron en la supuesta falta de recursos. No obstante, en lo que va del año 2025, la municipalidad ha realizado más de siete nuevas contrataciones, generando críticas por la aparente contradicción en las decisiones administrativas.

A lo anterior se suma que este martes 1 de julio, el alcalde Navarrete citó a una reunión extraordinaria para abordar un posible acuerdo con tres funcionarios del área de salud que también fueron desvinculados en febrero. Sin embargo, la instancia generó molestia entre concejales y concejalas, ya que los antecedentes del caso fueron presentados durante la misma sesión del concejo sin un respaldo documental previo, lo que impidió una evaluación responsable y oportuna.

La comunidad se pregunta: ¿Quién asesora al alcalde Navarrete en materia laboral? ¿Y qué ocurrirá con los nuevos funcionarios contratados por su gestión este año? La falta de claridad y coherencia ha intensificado el debate en el ámbito político y social local.

Mientras tanto, los tribunales siguen evaluando la legalidad de los despidos y los funcionarios afectados esperan que se haga justicia