Por Prensa
Lo que comenzó como una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, terminó en una muestra de repudio ciudadano y amenazas de querellas por parte de la Municipalidad. La historia comenzó ayer martes con una publicación replicada por la versión digital de en Radio Diferencia donde se informaba que la PDI había detenido a un […]
Lo que comenzó como una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, terminó en una muestra de repudio ciudadano y amenazas de querellas por parte de la Municipalidad. La historia comenzó ayer martes con una publicación replicada por la versión digital de en Radio Diferencia donde se informaba que la PDI había detenido a un hombre por ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.
Esta acción gatillo un rotundo rechazo ciudadano que se manifestó en redes sociales y en la audiencia de formalizaron de cargos realizada este miércoles en la mañana donde llegaron decenas de personas a respaldar el accionar de Juan Vega, quien es técnico veterinario.
Parte de la comunidad destacó la labor humana y servicial que el técnico veterinario ha realizado por sus mascotas. De más misma forma que lanzaron sus dardos contra la Oficina de Medioambiente Municipal quien culparon de la denuncia que causó la detención de Vega.
AMENAZAS MUNICIPALES
En el sitio www.munipaillaco.cl la Municipalidad de Paillaco rechazó las amenazas recibidas por la encargada de la Oficina del Medio Ambiente, Macarena Ibarra, y anunció que interpondrá acciones legales en cumplimiento con lo que estipula la normativa vigente.
El sitio oficialista agregó que “ La señora Ibarra recibió diversas amenazas, luego de que el medio electrónico DiarioElPaillaquino.cl la sindicara como la responsable de la denuncia en contra de un hombre que el martes fue detenido por el delito de ejercicio ilegal de la profesión de veterinario.
El municipio aclara que ningún funcionario municipal participó en esta denuncia y que tampoco lo hizo como institución, pero no descarta sumarse a la investigación de la Fiscalía de comprobarse que existió maltrato animal.
El juez a cargo de la investigación ordenó el plazo de 90 días para la investigación del caso.
