Por Prensa
El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó un reciente libro sobre la realidad de los inmigrantes en Chile, documento que probablemente entrega la mirada más completa que se ha preparado hasta la fecha en relación con esta temática. El trabajo cobra especial actualidad debido a que el INE ha anunciado que la población de extranjeros […]
El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó un reciente libro sobre la realidad de los inmigrantes en Chile, documento que probablemente entrega la mirada más completa que se ha preparado hasta la fecha en relación con esta temática. El trabajo cobra especial actualidad debido a que el INE ha anunciado que la población de extranjeros viviendo en Chile ya representa al 6% del total de la población, dando cuenta de un fenómeno dinámico que obliga al país a repensar sus políticas públicas.
Uno de los elementos más valiosos de esta mirada multidimensional es que permite apreciar las grandes virtudes que tiene la inmigración, así como sus complejidades, confirmando que es necesario contar con una nueva política de inmigración que permita recoger estos influjos positivos, y regular aquellas materias que potencialmente pueden resultar más problemáticas. A partir de los datos proporcionados por el estudio se observa que en áreas sensibles como salud, educación y vivienda se requiere una atención preferente, porque es allí donde suelen comprobarse las mayores dificultades, confirmando que promover inmigraciones desreguladas no resulta responsable y puede alimentar la percepción negativa hacia los extranjeros, aspecto que si bien ha mejorado de acuerdo con el estudio, todavía más de la mitad de la población estima que deben tomarse medidas más drásticas en contra de aquellos ilegales.
En materia laboral, el documento del CEP encuentra que los inmigrantes trabajan más horas que el promedio de los locales -44 horas a la semana, contra 42-, lo que confirma que se trata de personas de esfuerzo, en algunos casos con mayor nivel educacional promedio que la fuerza de trabajo local, lo que desde luego es un aporte a nuestro mercado laboral e inyecta vitalidad a una población que envejece rápidamente. Sin embargo, un punto que llama la atención es el castigo salarial que se observa en los últimos años, pues si en el período 2006-2009 era evidente que había un premio salarial, en los últimos años ello se ha desvanecido, aumentando el riesgo de vulnerabilidad. Detrás de este fenómeno puede haber varias razones; entre ellas, que la inmigración de años más recientes es menos calificada que la previa, a lo que se podrían añadir barreras idiomáticas. La alta concentración en rubos como el comercio también podría sugerir -indica el estudio- que hay trabajadores que no pueden desplegar todo su potencial productivo, al encontrar dificultades para ejercer sus respectivas profesiones o especialidades. Una vez más se hace necesario que el país agilice los procedimientos para la convalidación de títulos y grados académicos, y se eliminen barreras que carecen de todo sentido, como el límite de contratación de trabajadores extranjeros.
En el ámbito de los servicios de salud, en 2017 el 15,8% de la población inmigrante no contaba con previsión de salud -si bien hay también un menor uso-, lo que es más recurrente en inmigración haitiana, venezolana y boliviana. Para el caso de la educación, gracias a las holguras en el sistema público -en parte debido a la caída en la tasa de natalidad- ha sido posible proveer vacantes, sin perjuicio que se observa alta concentración en colegios de no tan buen rendimiento. Un desafío es cómo ampliar la oferta de establecimientos con mejores estándares.
Fuente: Latercera Opinion
