Por Prensa
La inversión realizada al Servicio Médico Legal (SML), considera optimizar los tiempos de respuesta para peritajes de Salud Mental con la contratación de personal y ampliación del sistema de turnos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la inyección de 513 millones de pesos al Servicio Médico Legal (SML), para la implementación de un […]
La inversión realizada al Servicio Médico Legal (SML), considera optimizar los tiempos de respuesta para peritajes de Salud Mental con la contratación de personal y ampliación del sistema de turnos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la inyección de 513 millones de pesos al Servicio Médico Legal (SML), para la implementación de un plan que reduzca la brecha de salud mental que permita acelerar la realización de peritajes en el marco de las investigaciones de causas de posibles violaciones de Derechos Humanos y dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio Público pendientes durante la crisis sanitaria.
La inversión a nivel nacional contempla optimizar los tiempos de respuesta para peritajes de Salud Mental mediante la contratación de personal y ampliación del sistema de turnos, lo que incluye más de 1.000 pericias psiquiátricas como casos de violaciones a los derechos humanos, informes psiquiátricos de imputabilidad, víctimas de abusos sexuales y para personas privadas de libertad. La iniciativa fue anunciada en una reunión de trabajo en la que participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; los subsecretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el Director Nacional del SML, Dr. Gabriel Zamora.
El plan para la fortalecer la realización del denominado Protocolo de Estambul (Naciones Unidas, 2000), incluye procedimientos de evaluación clínica y mental (física y sicológica) para acreditar signos de tortura por parte de agentes del Estado, incluirá mayores recursos y contará con un equipo de trabajo de 130 profesionales acreditados del SML, quienes tendrán el objetivo completar los peritajes en cerca de 900 causas a más tardar en el mes de noviembre.
El seremi de Justicia y DDHH de Los Ríos, Rodrigo Oñate, explicó que “con estas acciones concretas buscamos como Ministerio que se esclarezcan e investiguen las causas de posibles violaciones a los Derechos Humanos. Con esta inyección de nuevos recursos, esperamos se pueda avanzar más rápido en la realización de los peritajes y pericias de salud mental que están pendientes. Además, facilita la investigación del Ministerio Público para que los tribunales puedan sancionar”.
Desde el Ministerio, se destacó también, que existe un compromiso en favorecer la investigación de causas vinculadas a vulneraciones a derechos humanos, fortaleciendo el Servicio Médico Legal para que se realicen pericias, tanto clínicas como mentales, según los estándares internacionales de DDHH. Se está realizando un trabajo en conjunto con el Ministerio Público para crear la recientemente anunciada Fiscalía Especializada de Derechos Humanos.
La medida fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, y definida en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, conformada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, e integrado por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría Nacional, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Colegio de Abogados. En ella se creó una Subcomisión, encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el fin de coordinar el plan de realización de pericias.
El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), es una iniciativa adoptada en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas. El Protocolo, es reconocido como un estándar internacional con lineamientos que permiten investigar y constatar adecuadamente los alegatos de tortura y/o malos tratos, y como un instrumento que permite a abogados, médicos y psicólogos investigar y documentar los efectos en las personas que denuncien haber sufrido tortura y malos tratos, como también lineamientos para comunicar adecuadamente dichos hallazgos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.
