Por Prensa
Por el delito de fraude al Fisco fue formalizado un funcionario del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Panguipulli, por la presunta irregularidad en la compra de aves que iban a ser entregadas a campesinos. La presunta irregularidad en la transacción no sólo se limitaría a la compra […]
Por el delito de fraude al Fisco fue formalizado un funcionario del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Panguipulli, por la presunta irregularidad en la compra de aves que iban a ser entregadas a campesinos.
La presunta irregularidad en la transacción no sólo se limitaría a la compra de gallinas, sino que se extendería a alimento para éstas e insumos. Asimismo, se trata de un programa de capacitación que beneficiaba a habitantes de zonas rurales.
Según el asesor jurídico del municipio, Helmutt Milling, los programas financiados con recursos de la casa edilicia y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), contemplaba la compra de 850 gallinas por un monto de 1 millón 190 mil pesos para ser entregadas a los campesinos, pero el proveedor sólo habría entregado 480 aves y apenas 63 de éstas llegaron a los usuarios finales.
Por el caso, el Ministerio Público inició una investigación y el fiscal pretendía formalizar al vendedor de las gallinas y a dos trabajadores de los programas PDTI y Prodesal. Sin embargo, a la audiencia sólo llegó uno de los funcionarios públicos.
Helmutt Milling confirmó la formalización por fraude al fisco, haciendo hincapié en las víctimas afectadas.
“Más que el monto, aquí es el hecho de que se juegue con la fe pública y a quienes están timando porque recordemos que los usuarios de Prodesal y PDTI son campesinos, son pequeños emprendedores”, expresó.
En cuanto a las otras dos personas que no se presentaron, se agendó una nueva audiencia para marzo, fecha en la que deberían ser formalizados por el mismo delito.
El director regional de Indap, Marcelo Ramírez, le bajó el perfil a la investigación, señalando que “a nosotros nos da la impresión que obedece a un tema de control interno del municipio, de su proceso de adquisiciones”.
A su vez, Ramírez indicó que el caso dejará una enseñanza en los otros municipios de la región “que deben mejorar el control de las adquisiciones” en este tipo de programas.
El funcionario de ambos programas quedó con la prohibición de salir del país y el plazo de la investigación se fijó en 90 días.
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
Fuente información biobiochile.cl
