Informe INDH 2017: La pobreza es telón de fondo de las vulneraciones de derechos a la niñez y adolescencia en residencias

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Los resultados de la Misión de Observación hecha por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a los once Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename), de todo el país forman parte del séptimo Informe Anual de la entidad sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile 2017, donde se asevera que la pobreza y las situaciones de violencia y maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes son factores vulneradores de sus derechos y podrían determinar su internación bajo la custodia directa o indirecta del Estado.

El Informe es enfático al manifestar que el Estado de Chile, acorde los convenios y tratados internacionales suscritos, está obligado a contar con la intervención especializada requerida para el complejo perfil de quienes llegan a los CREAD.

El marco de análisis de las conclusiones de la Misión de INDH se hace desde la perspectiva de la necesidad de erradicar la tortura, los malos tratos, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, aseverando que su prohibición absoluta exige tanto medidas penales, como preventivas.

El Informe anual 2017 releva que el Estado ha perfeccionado el tipo penal que sanciona la tortura. Así, lo demuestra la promulgación en noviembre 2016 de la la ley N° 20.968, que “Tipifica los delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes”. El INDH sostiene que es indispensable asegurar su aplicación, para lo cual debe aprobarse el proyecto de ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El capítulo sobre Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del Informe anual 2017, adopta el concepto de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, que define la tortura, como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Respecto de los tratos crueles inhumanos o degradantes, se establece que éstas son de menor intensidad que la tortura en cuanto a la conducta lesiva.

Vulneraciones de derechos en los CREAD

Los once CREAD observados durante la Misión de INDH están concentrados en seis regiones, lo que evidencia una inequitativa distribución territorial que provoca desarraigo familiar y comunitario. Existe una sobrepoblación en 5 de los 11 Centros, con un total de 789 niñas, niños y adolescentes (NNA), lo que sobrepasa la capacidad total de 750 cupos reales disponibles.

Las condiciones de vida en los Centros están muchas veces bajo el nivel deseable, 9 de 50 niñas, niños y adolescentes afirman haber pasado hambre, a veces frío y carecer de implementos de higiene personal. Los resultados de la Misión INDH dan cuenta de la existencia de dinámicas carcelarias al interior de los Centros destinados a NNA. No existen intervenciones especializadas para NNA lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales LGBTI.

El informe evidenció la aplicación de una serie de castigos que contradicen la legislación internacional de derechos humanos, y lo afirmado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) respecto de las medidas especiales de protección. Algunos de los NNA entrevistados afirman no estar al tanto de su situación judicial, ni conocer a los profesionales que lo asisten o debieran hacerlo.

Preocupa al INDH, además, la situación de sobrecarga de la planta funcionaria de trato directo, que repercute en las capacidades para desempeñar de manera óptima sus tareas y la deficiente formación del personal a cargo de los Centros son elementos que impiden una protección adecuada y con plenas garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes de las instituciones.

INDH recomienda y concluye

En sus conclusiones el INDH recalca que el actual sistema de protección sigue teniendo serias deficiencias para cumplir con sus objetivos de cuidado y garantía de derechos para los y las miles de NNA que por él transitan.

El informe reconoce avances durante 2017 en la agenda pública, expresados entre otros, en la aprobación de la ley que sanciona penalmente el maltrato infantil y aumenta la protección a personas en situación especial y demás proyectos sobre infancia en tramitación en el Congreso.

Afirma la necesidad de eliminar toda forma de violencia y/o maltrato ejercido en contra de niños, niñas y adolescentes que viven bajo la custodia del Estado en los CREAD, generando los mecanismos adecuados de prevención, investigación y establecimiento de responsabilidades, y sanción según corresponda.

El INDH hace un llamado a mejorar los estándares de atención residencial, así como de respuesta a situaciones críticas, particularmente en el ámbito de la prevención de la tortura, malos tratos, y violencia al interior. En el plano legislativo sostiene que se deben considerar los principios que establece la Convención de Derechos del Niño, durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, en particular en lo relativo a la especialización y profesionalización de la institucionalidad.

Entre otras recomendaciones, indica la necesidad de realizar un monitoreo y evaluación sistemática sobre prevención y sanción del maltrato a los niños y niñas bajo custodia estatal; adoptar una normativa que regule y supervise el correcto funcionamiento de las instituciones residenciales, con estándares internacionales. Sugiere así mismo, que las diversas reparticiones públicas ejerzan un rol más activo para vincular a los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en los CREAD con su entorno familiar, comunitario y social.

Finalmente el INDH reitera la recomendación entregada desde 2011 al Poder Ejecutivo, para hacer efectiva la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que permanecen institucionalizados.

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