INDH presenta Informe de DDHH 2018 e insta a la sociedad a valorar los derechos humanos como pilares de la democracia

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Con la presencia de las más altas autoridades de los poderes del Estado y a setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el INDH hizo entrega de su Informe Anual Situación de los DDHH 2018.

La actividad de presentación se llevó a cabo en la Escuela Salvador Sanfuentes y participaron en ella –entre otras autoridades- el Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito; el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien acudió en representación del Presidente Sebastián Piñera;  el senador Alfonso De Urresti; y el diputado Jaime Mulet, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, además de autoridades del Estado, diplomáticos, y organizaciones de la sociedad civil.

En la ocasión la directora Consuelo Contreras hizo énfasis en la conmemoración de las siete décadas de la DUDH, señalando que la voluntad de acuerdo de los Estados en favor de los pueblos, sumado a las largas luchas de los movimientos sociales, crearon este cuerpo jurídico vinculante.
“Con demasiada frecuencia escuchamos discursos que desprecian el valor de los derechos humanos. Y con demasiada frecuencia también somos testigos de cómo se ha guardado silencio ante esos desprecios e incluso se ha relativizado su gravedad. Atacar los derechos humanos es socavar la democracia”, agregó la directora del INDH.

En referencia a la importancia para el INDH de las organizaciones de la sociedad civil, Consuelo Contreras señaló que “el INDH, como organismo autónomo del Estado, ha asumido la colaboración con la sociedad civil como un pilar fundamental de su misión y eje transversal para actualizar sus prioridades y sustentar la pertinencia y oportunidad de las acciones que emprende”, entre ellas el Informe Anual de Derechos Humanos.

Informe 2018

Este año el Informe contiene siete capítulos, definidos en un proceso de discusión y consultas del Consejo del INDH, abordando temas de interés permanentes,  otros que forman parte del debate público y un capítulo denominado de temática emergente.

El primer capítulo aborda la situación de la “Violencia hacia las mujeres rurales e indígenas: invisibles y marginadas”, dando cuenta de los escasos datos estadísticos, sistemáticos y desagregados, que poseen los organismos del Estado para establecer políticas adecuadas para este segmento de población, convirtiéndose en una demanda urgente para cerrar las brechas políticas entre el mundo urbano y rural.

El segundo capítulo realiza un balance, atendiendo la perspectiva de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respecto a  la política de regularización migratoria y del proyecto de ley de migración y extranjería, impulsado por el actual gobierno. En este apartado se analizan las cifras del proceso, las opiniones de expertos,  autoridades y de organizaciones migrantes y pro migrantes.

En el tercer capítulo se abordan los “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, analizando la respuesta del Estado respecto de la recuperación y apoyo a la gestión de estos sitios y  el rol fundamental  que la sociedad civil ha jugado en su rescate y preservación.

El cuarto capítulo, “Recursos naturales, empresas y derechos humanos: análisis del impacto de actividades productivas sobre los recursos naturales y el medio ambiente”, revisa la situación de los efectos en el medio ambiente de las distintas actividades productivas, sumado a la responsabilidad del Estado y las empresas, respecto a los efectos en materia de derechos humanos y, de manera especial, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

El quinto capítulo se centra en los “Derechos de las personas mayores y obligaciones del Estado: estudio de los niveles de cuidado entregados por establecimientos de larga estadía”. Este estudio se basa en las visitas a establecimientos de este tipo, administrados directamente por el Estado y a otros con financiamiento estatal de carácter privado.  Este proceso permitió levantar información para analizar, a la luz de los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile y según la legislación nacional, entre ellas la Ley 19.828 que creó al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

El sexto capítulo analiza el tema “Solución a las Listas de Espera en el sistema público de salud: una promesa incumplida”. En este estudio se realiza un análisis de la situación de las listas de espera en relación al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES) y NO GES en el país, incluyendo las muertes en listas de espera, con el objeto de evidenciar las brechas respecto del derecho a la salud.

Finalmente, el último capítulo, como tema emergente, trata de la “Innovación tecnológica, protección de datos personales y derechos humanos”, que analiza el desarrollo tecnológico y de plataformas digitales como un desafío de Estado a fin de resguardar eficazmente el derecho a la privacidad y evitar la captura maliciosa de datos.

Recomendaciones del INDH

En relación a la violencia hacia las mujeres rurales e indígenas, el INDH –por ejemplo- recomienda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública elaborar un protocolo específico sobre allanamientos a comunidades mapuche. Particularmente se recomienda, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asegurar el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas rurales.

Respecto a la política migratoria el Instituto sugiere al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hacer los ajustes necesarios para que las personas migrantes puedan optar de forma expedita a una visa de trabajo y al Poder Ejecutivo modificar el carácter consular de las visas de turismo establecidas para las personas migrantes de origen haitiano.  Se recomienda también al Poder Ejecutivo extender el beneficio de las visas de responsabilidad democrática a todos los países de la región que se encuentran en situación de violencia generalizada.

En materia de “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, el Informe recomienda  al Ministerio de Defensa, y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que soliciten la colaboración de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad para gestionar la entrega de los principales inmuebles fiscales que se encuentran bajo su jurisdicción y que fueron utilizados por aparatos represivos de la dictadura.

Respecto al capítulo sobre “Recursos naturales, empresas y derechos humanos” se recomienda en materia normativa la necesidad de armonizar la legislación marco en materia medioambiental con aquellas que rigen de manera específica a los sectores productivos para que se adopten normas de calidad y de emisión acordes a los estándares señalados por organismos internacionales.

En tanto el capítulo “Derechos de las personas mayores y obligaciones del Estado…” insta al Servicio Nacional del Adulto Mayor que amplíe la cobertura de establecimientos de larga estadía de carácter público, particularmente para las personas mayores de 80 años, y aquellas que no cuentan con redes familiares. También se sugiere que el Servicio Nacional de Adulto Mayor aumente la cobertura con calidad del programa Cuidados Domiciliarios.

Sobre el capítulo “Solución a las Listas de Espera en el sistema público de salud: una promesa incumplida” el INDH recomienda al Estado adoptar medidas económicas, técnicas y legislativas, y los máximos recursos que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud, garantizando el acceso sin discriminación. Se recomienda, además,  al Ministerio de Salud generar un sistema de alerta en relación a pacientes graves y con prolongados tiempos de espera, diseñando nuevas herramientas que permitan evitar incentivos inadecuados para el cumplimiento de atención en los plazos estipulados.

El último capítulo sobre “Innovación tecnológica, protección de datos personales y derechos humanos”,  insta a concluir la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la agencia de protección de datos personales. Además insta a las empresas que trabajan con datos personales a impulsar procesos a modo que puedan prevenir la afectación del derecho a la intimidad y vida privada que se puedan provocar en sus operaciones.

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