Efecto Kast: diputado Udi incendia la Cámara al calificar de “terroristas con aguinaldo” a víctimas de la dictadura

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La declaración de Ignacio Urrutia provocó la indignación de todos los parlamentarios del Frente Amplio y de partidos como el PPD, el PS y el PC, quienes se retiraron en bloque de la sala y afirmaron que no volverán hasta que se disculpe públicamente. La diputada del FA, Pamela Jiles encaró al parlamentario UDI y criticó su “falta de humanidad”.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, desató su furia contra el parlamentario UDI, Ignacio Urrutia, que en la sesión de este jueves celebró en un tono inadecuado que el Gobierno haya retirado el proyecto de Bono Valech y de paso calificó a las víctimas de prisión política y tortura de terroristas.

“No es la primera vez que se entregan estos beneficios (…) estos regalitos a gente que en el fondo en vez de exiliados fueron más que nada terroristas en el pasado”, señaló al respecto.

Lo anterior generó la inmediata molestia en las bancadas del PS y el Frente Amplio, que decidieron retirarse del hemiciclo a raíz del episodio, lo que se tradujo en la suspensión temporal de la sesión, la cual recién fue retomada cerca del mediodía.

Eso sí, Jiles optó por ir más allá y se acercó a encarar al diputado gremialista. Mientras le expresaba su molestia por los dichos, los demás parlamentarios de la bancada oficialista intentaron alejarla de Urrutia, quien sólo se limitó a decirle “a las mujeres no las toco”.

“Se tiraron a detenerme con manotazos incluso a proteger a este señor y tuve que decirle a gritos lo inadmisible de su acción. Y lo que recibí de vuelta fueron agresiones verbales”, recalcó Jiles al ser consultada por el episodio.

“Hay que prohibir la incitación al odio”, propuso.

Fin al Bono Valech

En concreto, la administración Piñera sepultó una de las últimas iniciativas presentadas por el Gobierno de Michelle Bachelet, quien propuso un bono de 3 millones de pesos a las 26.000 personas que fueron reconocidas por las comisiones Valech 1 y 2 como víctimas de prisión política y tortura.

La polémica que se abrió a propósito de los dichos también provocó la reacción del propio Gobierno. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, admitió brevemente -al ser consultada insistentemente por la prensa sobre el tema- que “hay que cuidar el lenguaje”.

Pese a ello, Jiles además cuestionó el fondo de la determinación del Ejecutivo, puesto que optó por retirar la iniciativa pese a que ya había comenzado a ser revisada ayer miércoles de modo favorable en el Congreso. En ese contexto, cuestionó que el Gobierno no respete el trámite legislativo y “se lleve la pelota para la casa” cuando las iniciativas no toman el curso esperado para ellos.

Más tarde, el ministro de Justicia Hernan Larraín dijo que no se cierran a la opción de reparaciones, pero recalcó que este proyecto en particular no tenía una correcta evaluación de los fondos requeridos, ya que éstos -según dijo- no están disponibles ni están considerados en la ley de presupuestos.

En ese contexto, el ministro Segpres Gonzalo Blumel aseguró que el costo de la iniciativa alcanzaba los 90 mil millones de pesos, que equivale a 10 veces el aumento de subvenciones a las instituciones del Sename; o bien, cuatro veces el aumento de la gratuidad a los estudiantes del sector técnico profesional.

URL CORTA: http://rbb.cl/jy1s

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