Por Prensa
La Cámara de Diputados aprobó en particular, el proyecto que modifica el Código Penal en lo que respecta a la tipificación del delito de tortura. La iniciativa establece que «se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con […]
La Cámara de Diputados aprobó en particular, el proyecto que modifica el Código Penal en lo que respecta a la tipificación del delito de tortura. La iniciativa establece que «se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en la raza o etnia, nacionalidad, ideología u opinión política, religión o creencia, u orientación sexual».
El texto indica que el que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo (61 días a 5 años).
Jaramillo recordó que “en nuestro país podemos hablar con propiedad acerca de lo significa la tortura, ya que esta práctica fue realizada cotidianamente y profesionalmente durante los años 70 y 80 por la dictadura militar como método de represión política y amedrentamiento a la población y como forma de castigo para todos aquellos que osaban disentir del régimen autoritario”.
El diputado destacó que “nuestro país adhirió en 1988 a la Convención contra la Tortura, pero con serias prevenciones a fin de evitar que sus disposiciones fueran aplicadas a quienes realizaron esa práctica entre 1973 y 1990 en Chile”. Por ello, afirmó, “es que considero de gran importancia este proyecto que es producto de una moción parlamentaria y que pretende establecer claramente la tipificación y el castigo de este delito en contra de la humanidad”.
“El hecho de que hoy seamos un país en democracia no nos exime de la circunstancia de que en situaciones aisladas pueda presentarse la comisión de este delito por parte de agentes del Estado. Existen variados informes de la ONU que señalan que si se ha realizado esta práctica en el país, no con la sistematización que se producía durante la dictadura pero si en situaciones puntuales y el objetivo es que esto no se produzca. Por ello este proyecto que previene y castiga a aquellas personas que insistan en practicarlo”, declaró finalmente el representante del distrito 54.
