Por Prensa
El día de hoy, la Cámara de Diputados aprobó, el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar. El texto busca facultar a nuevas universidades a impartir carreras de pedagogía; modificar la ley de Inclusión Escolar para ampliar el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que […]
El día de hoy, la Cámara de Diputados aprobó, el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar.
El texto busca facultar a nuevas universidades a impartir carreras de pedagogía; modificar la ley de Inclusión Escolar para ampliar el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional; fortalecer el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; determinar gradualidad en la disminución del financiamiento compartido, y extender el plazo para comunicar la renuncia a la subvención.
El proyecto establece un plazo de tres años para que las universidades acreditadas que no imparten pedagogía y deseen impartirla, logren la acreditación de estas nuevas carreras. De igual manera, permite a las universidades autónomas que no se encontraban acreditadas al momento de la publicación de la Ley 20.903, abrir carreras de pedagogías teniendo tanto la acreditación institucional como la acreditación de la carrera o programa en un plazo de tres años, contados desde el inicio de las actividades académicas respectiva.
Tras la votación de este importante proyecto, el diputado Enrique Jaramillo señaló que “todos sabemos que la reforma educacional que ha desarrollado en el gobierno de la Presidenta Bachelet es la mayor que se ha impulsado durante varias décadas”. Tras lo cual recordó que “una de las leyes que han sido despachadas por este Congreso y que está en plena ejecución es la denominada ley de inclusión, mediante la cual se prohíbe el copago, la selección y el lucro al interior del sistema escolar que reciba subsidios del Estado”.
El parlamentario puntualizó: “yo sé que el proyecto tiene críticas y que algunas personas consideran que su implementación podría implicar ampliar plazos para que sostenedores sigan lucrando con la educación que subvenciona el Estado. Sin embargo yo quiero hacer un acto de fe respecto de este proyecto porque lo que pretende es asegurar una adecuada decisión de quienes deben optar por una u otra decisión en el sector educacional privado”.
