Por Prensa
Acción fue adoptada por el seremi de Vivienda, Carlos Mejías, ante la Fiscalía Local de Valdivia. La autoridad también decidió abrir un procedimiento administrativo que permita sancionar a las empresas contratistas que hayan incurrido en alguna irregularidad. Una denuncia por falsificación de instrumento público y eventual estafa en contra de dos empresas contratistas de la […]
Acción fue adoptada por el seremi de Vivienda, Carlos Mejías, ante la Fiscalía Local de Valdivia. La autoridad también decidió abrir un procedimiento administrativo que permita sancionar a las empresas contratistas que hayan incurrido en alguna irregularidad.
Una denuncia por falsificación de instrumento público y eventual estafa en contra de dos empresas contratistas de la región, ingresó esta mañana a la Fiscalía Local de Valdivia el seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos, Carlos Mejías.
Los hechos quedaron al descubierto en una investigación llevada a cabo por la Seremi tras recibir una denuncia por uno de los afectados. Las primeras indagaciones permitieron detectar las irregularidades en la construcción de viviendas sociales adscritas al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por el Decreto Supremo Nº1 en las comunas de San José (Tralcao), Corral (San Carlos) y Paillaco.
Los primeros antecedentes recopilados permiten establecer la existencia de permisos de edificación y de recepción municipal falsos, los cuales fueron utilizados para cobrar los subsidios que en total ascienden a 36 millones de pesos. Hay que precisar que los beneficiarios optaron a subsidios estatales de 500 UF, luego de acreditar el aporte de un terreno y 30 UF adicionales.
“Nosotros recibimos la denuncia en las oficinas en diciembre de 2014 sobre algunas situaciones irregulares en construcciones de sitio propio en Paillaco, Corral y Mariquina. Eso fue objeto de investigación. Nuestros profesionales fueron a revisar en terreno si las viviendas estaban efectivamente terminadas y nos encontramos con situaciones que nos merecían dudas”, dijo el seremi Mejías.
La autoridad recordó que para cobrar los subsidios las empresas deben contar con la recepción municipal o el permiso de edificación. “Sin embargo, en la investigación se determinó que las constructoras para poder optar al pago del subsidio habían adulterado o el permiso de edificación o la recepción municipal correspondiente. Y eso constituye evidentemente una irregularidad. Además se cobró un subsidio lo que constituiría eventualmente el delito de estafa”, señaló.
Asimismo, el seremi Mejías se mostró preocupado por la situación que atraviesan las familias afectadas. “Hoy las familias están en posesión de una vivienda que no cumple con las características para ser habitadas, independientemente de si son o no utilizadas, y eso es una contradicción con la Ley General de Urbanismo y Construcción”, señaló.
Junto a la investigación que llevará a cabo el Ministerio Público, la autoridad regional indicó que además se dará curso a un procedimiento administrativo que permita sancionar a las empresas que hayan incurrido en alguna irregularidad.
