Por Prensa
Una ardua jornada de debate y votación se desarrolló en el primer Pleno de la Comisión Experta, en el que
Una ardua jornada de debate y votación se desarrolló en el primer Pleno de la Comisión Experta, en el que se aprobaron las normas constitucionales relativas al capítulo I del anteproyecto que será presentado al Consejo Constitucional el próximo 7 de junio.
El Capítulo I: “Fundamentos del Orden Constitucional”, contiene 16 artículos, de los cuales -en la mayoría- se alcanzó un acuerdo en la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, a través de la denominada “unidad de propósito” o “enmiendas amistosas”.
El Pleno estuvo encabezado por la presidenta de la instancia, Verónica Undurraga, y el vicepresidente, Sebastián Soto, quienes destacaron el espíritu de unidad y reconocieron el trabajo realizado por cada uno de los integrantes.
El comisionado Juan José Ossa expuso que “queremos aprobar con entusiasmo y el entusiasmo -por cierto- no es sinónimo de total conformidad. Si nuestro entusiasmo sólo lo pudiera esgrimir quien se considera vencedor, querría decir que se mal entendió el cargo que se nos hizo. Una cierta incomodidad con el texto, es parte de la esencia de cumplir con el mandato”.
A su turno, el comisionado Domingo Lovera expresó que “esta propuesta no es perfecta, tampoco estoy seguro que se acerque a una constitución que haya soñado; de hecho, no estoy seguro de alguna vez haber soñado con alguna constitución, me parece; sin embargo, este es un pacto constitucional mucho mejor que el que hoy tenemos”.
El artículo 1 del anteproyecto de la propuesta constitucional de la Comisión Experta establece que: “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y su forma jurídica de organización”. Durante el pleno de este martes, se hizo hincapié en que estos principios están incluidos en el Estado social y democrático de derecho, el cual fue aprobado por unanimidad.
“Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Frente a lo anterior, el comisionado Gabriel Osorio precisó que “se concibe al Estado social y democrático como un instrumento idóneo para dar consecuencia efectiva a la dignidad. No proponemos un modelo de Estado inerte, mínimo, gendarme ni subordinado, como tampoco proponemos un leviatán, sino un estado eficaz, en la tutela del interés general, capaz de realizar las metas que entre todos y a través de la democracia nos damos como sociedad”.
Osorio agregó que “este Estado social representa, a la vez, un giro profundo y un retorno a la senda señalada por otro gran acuerdo alcanzado en nuestra historia republicana. Hoy nos acercamos a esa idea solidaria de sociedad que es propia de toda comunidad política que aspira al desarrollo”.
El comisionado Teodoro Ribera indicó que “no estamos creando realmente un Estado social y democrático de derecho, más bien se trata de constitucionalizar y darle un mandato a la autoridad para seguir implementando con mayor vigor el Estado social y democrático de derecho que, en mayor o menor medida, se ha desarrollado en Chile en los últimos decenios sobre la base de crecimiento económico que ha tenido el país”.
Ribera añadió: “hay varias formas de interpretar el concepto Estado social y democrático de derecho, pudiendo ser de una mirada liberar, social demócrata, cristiana, etc. En este caso, el Estado social y democrático de derecho del anteproyecto constitucional, se construyó sobre la base de respeto y libertades fundamentales en el marco de una democracia representativa”.
Pueblos indígenas reconocidos en la nación chilena
Otros de los temas que generó debate fue el reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, consignado en el artículo 8 del anteproyecto. En este aspecto hubo una enmienda de unidad de propósito, donde los comisionados de la subcomisión establecieron en el inciso 1 que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Y el inciso 2 agrega: “El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas, se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad étnica y cultural”.
En esta indicación los comisionados Bettina Horst, Natalia González, Carlos Frontaura, Hernán Larraín, Marcela Peredo, Juan José Ossa, Catalina Salem, Katherine Martorell, Teodoro Ribera, Sebastián Soto, Máximo Pavez y Jaime Arancibia, pidieron votación separada del inciso 1.
En ese sentido, la comisionada Magaly Fuenzalida destacó que se alcanzara un acuerdo en materia de pueblos indígenas. Al respecto, dijo: “Los pueblos indígenas han existido e incluso preexistido a la formación de nuestro país como Estado independiente y su integración no ha estado exenta de problemas debido a la falta de respeto y reconocimiento de su diversidad cultural”. Manifestó su esperanza de el reconocimiento explícito de la Constitución entregue la libertad cultural y derechos colectivos de los pueblos, y sea un primer paso que invite al pueblo indígena de Chile sentirse parte del Estado en un marco mutuo entre este pueblo y del resto de quienes habitamos en este país”.
El comisionado Máximo Pavez, en tanto, destacó que había que “reconocer y valorar la norma que reconoce a nuestros pueblos originarios, tan largamente e incomprensiblemente postergados por el constituyente derivado en el Congreso nacional. Y el reconocimiento a nuestro país intercultural”.
Pavez, además, leyó el informe que contiene los artículos 18 al 28 del Capítulo II titulado: Derechos y Libertades Fundamentales, garantías y Deberes Constitucionales, cuyo debate se iniciará este miércoles.
Al final del debate se dio la votación de los 16 artículos. Se aprobaron 13, dos suprimidos y uno rechazado, este último: el artículo 16 bis respecto a que “el Estado reconoce el valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, debiendo promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad al interior de las familias”.
Declaraciones Mesa Comisión Experta: https://www.youtube.com/watch?v=Q2esNWLl8sg
