Aridez del debate en reforma a la educación superior

Nabor Carrillo Estefa
Economista Unidad de Estudios Santo Tomás

Hace unas semanas abordamos el tema de lo público. La raíz es el desconcertante énfasis que algunos hacen acerca de que lo público es exclusivo del quehacer de las organizaciones estatales. Con el fin de aportar elementos de juicio que permitan refutar ese argumento, presentamos la definición de Barry Bozeman que claramente apunta a que todas las organizaciones -gubernamentales y privadas- son públicas.

Ahora bien, en el incierto escenario que se encuentra el Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior (Boletín 10783-04), a la fecha permanece sin cambios el estado de urgencia Simple y, en esa dirección, prevalece la árida discusión acerca de que las instituciones de educación superior (IES) estatales son públicas y las demás no lo son.

Desde la vereda de las IES estatales, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) publicó el documento bajo el título “Diagnóstico institucional de la Red de Universidades del Estado de Chile” que, en líneas gruesas, carece en absoluto de objetivos, muestra una evidente falta de rigor metodológico y, en definitiva, no aporta a la discusión.
A modo de ejemplo, la Tabla número 1 página 3, hace una comparación del “modelo institucional vigente (universidad de mercado)” frente al que el CUECH propone como la alternativa “modelo institucional colaborativo o deseado (universidad pública)”.

A partir de esa comparación, aparece de manifiesto el sesgo ideológico. En efecto, mientras que en el modelo vigente el CUECH postula que: “Responsabilidad por sus clientes (dependiente del mercado)”; “genera productos maleables y evaluables (como cualquier empresa)”; “búsqueda de beneficios económicos (lucro)”; “concepción institucional individualista y gerencial”; y “centrado en la lógica de la competencia (benchmarking)”.

Por su parte, en el modelo institucional colaborativo o deseado (universidad pública) el CUECH sostiene que: “Responsabilidad por sus procesos de formación profesional, científica y ciudadana en su contexto (autonomía y comunidad universitaria)”; “genera productos que resisten a la medición debido a su intangibilidad (por ello es su medición es compleja, no trivial); “búsqueda de reconocimiento social y simbólico (pertinencia y prestigio)”; y “concepción institucional colectivista y dialógico-participativa (trabajo en redes)”.

A todas luces, la aridez del debate deriva de la falta de claridad acerca de qué es lo público y a lo que se suma el sesgo ideológico. A su vez, retumba la pregunta ¿qué persigue el gobierno con esta reforma? La reforma es bienvenida siempre y cuando su propósito sea perfeccionar nuestro sistema de educación superior, no empeorarlo.